Declaración de Impacto Ambiental: la autorización que vela por el entorno

La construcción de la mayoría de los proyectos de instalaciones de la red de transporte eléctrico requiere, entre otras autorizaciones, de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

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La DIA, dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el pronunciamiento de la administración competente en materia de medio ambiente, que autoriza o no al promotor la ejecución de las obras de construcción de una nueva infraestructura para el transporte eléctrico.

En este informe, se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada para la mejora de infraestructuras de transporte eléctrico y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Esta declaración debe hacerse pública en todos los casos y su resolución puede ser negativa (la autoridad estima que es inaceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto en cuestión), positiva absoluta (la autoridad ambiental expresa su conformidad absoluta con el proyecto) o positiva condicionada (la autoridad ambiental valora como favorable el proyecto si adopta una serie de medidas de protección ambiental indicadas en su desarrollo).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la DIA es un informe preceptivo y determinante, lo que implica que no es posible continuar con la tramitación del procedimiento de aprobación del proyecto en cuestión hasta que no se resuelva la DIA, resultando necesaria para que el órgano de la administración que deba resolver sobre el proyecto pueda formar criterio sobre las cuestiones a las que dicha DIA se refiere.

Según la normativa vigente a día de hoy, para que un proyecto pueda ejecutarse, éste debe contar, además de con la Declaración de Impacto Ambiental, con la Autorización Administrativa previa, la Autorización Administrativa de Construcción, la Declaración de Utilidad Pública, en su caso, y la Autorización de Explotación (Acta de Puesta en Servicio).

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